La reactivación económica mundial, que permitió una inyección colosal de gastos públicos en el circuito económico (desde Estados Unidos a China) es frágil aunque real. Un solo continente sigue retrasado, Europa. Recuperar el camino del crecimiento económico no es su prioridad política. Ha emprendido otra vía, la de la lucha contra los déficits públicos. En la Unión Europea estos déficits son, en efecto, elevados – 7% de media en 2010 – pero muy inferiores al 11% de Estados Unidos. Mientras que algunos estados norteamericanos de peso económico más importante que el de Grecia, por ejemplo California, está casi en bancarrota, los mercados financieros han decidido especular con las deudas soberanas de países europeos, particularmente los del sur. De hecho, Europa se ha dejado atrapar en su propia trampa institucional: los Estados deben endeudarse con instituciones financieras privadas que obtiene activos líquidos a bajo precio del Banco Central Europeo. Por consiguiente, los mercados tienen la llave de la financiación de los Estados. En este marco, la ausencia de solidaridad europea suscita la especulación, tanto más cuanto que las agencias de calificación juegan a acentuar la desconfianza. Fue necesario que la agencia Moody bajara la nota de Grecia el 15 de junio para que los dirigentes europeos volvieran a encontrar el término de “irracionalidad” que tanto habían empleado al principio de la crisis de los subprimes. Del mismo modo se descubre ahora que España está mucho más amenazada por la fragilidad de su modelo de crecimiento y de su sistema bancario que por su deuda pública. Para “tranquilizar a los mercados” se improvisó un Fondo de Estabilización del euro y se lanzaron a través de Europa unos planes de reducción de gastos públicos drásticos y con mucha frecuencia ciegos . Los funcionarios son los primeros afectados, también en Francia, donde la subida de las cotizaciones de sus pensiones será una disminución encubierta de su sueldo. En todas partes se reduce la cantidad de funcionarios, lo que amenaza a los servicios públicos. Con la actual reforma de las pensiones, desde los Países Bajos a Portugal pasando por Francia las prestaciones sociales están en vías de ser gravemente amputadas. En los próximos años se desarrollarán necesariamente el paro y la precariedad del empleo. Estas medidas son irresponsables desde un punto de vista tanto político y social como en el plano estrictamente económico. Esta política, que muy provisionalmente ha calmado la especulación, tiene ya unas consecuencias muy negativas en muchos países europeos, muy particularmente en la juventud, en el mundo del trabajo y en las personas más frágiles. A la larga avivará las tensiones en Europa y amenazará por ello la propia construcción europea que es mucho más que un proyecto económico. Se supone que en ella la economía está al servicio de la construcción de un continente democrático, pacífico y unido. En vez de ello se impone en todas partes una especie de dictadura de los mercados y particularmente hoy en Portugal, España y Grecia, tres países que eran todavía dictaduras a principios de la década de 1970, hace apenas cuarenta años. Ya se interprete como el deseo de “tranquilizar a los mercados” por parte de gobernantes asustados o como un pretexto para imponer unas opciones dictadas por la ideología, la sumisión a esta dictadura no es aceptable pues ha demostrado su ineficacia económica y su potencial destructivo en el plano político y social. Se debe abrir en Francia y en Europa un verdadero debate democrático sobre las opciones de política económica. La mayoría de los economistas que intervienen en el debate público lo hacen para justificar o racionalizar la sumisión de los políticos a las exigencias de los mercados financieros. En efecto, en todas partes los poderes públicos han tenido que improvisar unos planes de reactivación keynesianos e incluso a veces nacionalizar temporalmente los bancos. Pero quieren cerrar rápidamente este paréntesis. El software neoliberal siempre es el único que se reconoce como legítimo, a pesar de sus patentes fracasos. Basado en la hipótesis de la eficiencia de los mercados financieros, recomienda reducir los gastos públicos, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capital, aumentar la competencia en todos los campos y en todas partes… Como economistas nos aterroriza ver que estas políticas siguen estando a la orden del día y que sus fundamentos teóricos no se han puesto en tela de juicio. Sin embargo, los hechos han dejado en evidencia los argumentos avanzados desde hace treinta años para orientar las opciones de las políticas económicas europeas. La crisis ha dejado al descubierto el carácter dogmático e infundado de la mayoría de las supuestas evidencias repetidas hasta la saciedad por quienes toman las decisiones y sus consejeros. Ya se trate de la eficiencia y de la racionalidad de los mercados financieros, de la necesidad de recortar los gastos para reducir la deuda pública o de reforzar el “pacto de estabilidad”, hay que interrogar estas falsas evidencias y mostrar la pluralidad de las opciones posibles en materia de política económica. Otras opciones son posibles y deseables a condición, en primer lugar, de aflojar el torno impuesto por la industria financiera a las políticas públicas. Hacemos a continuación una presentación crítica de diez postulados que siguen inspirando cada día las decisiones de los poderes públicos en toda Europa a pesar de los hirientes desmentidos aportados por la crisis financiera y sus consecuencias. Se trata de falsas evidencias que inspiran unas medidas injustas e ineficaces frente a las cuales exponemos veintidós propuestas para su debate. Cada una de ellas no goza necesariamente de la unanimidad de las personas signatarias de este manifiesto, pero deberán ser tomadas en serio si se quiere sacar a Europa de su impasse.
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